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JUAN CHÁVEZ
Hay 110 mil militares desplegados en el territorio nacional, supuestamente para garantizar la seguridad y la paz a la sociedad.
Nueve entidades, inclusive, se encuentran militarizadas. Sinaloa, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Zacatecas, entre otras.
No obstante, la violencia, las ejecuciones de civiles, de familias enteras, siguen. No hay duda de que algunos militares deben estar coludidos con los cárteles del crimen organizado.
Las investigaciones en el país se antojan como nulas. No se ejerce ninguna, por ejemplo, contra Andy López Beltrán y su cómplice millonario, Jorge Amílcar, que disfruta de la libertad en algún lugar de Suiza.
Recién, la prensa de Estados Unidos difundió que ya están listas las acusaciones contra 21 mexicanos ligados con el narco tráfico.
La presidenta criticó la nota del New York Times que asegura que Estados Unidos investiga acusaciones en contra del hijo de AMLO, Andy López Beltrán, al que relacionan con el contrabando de combustible.
Actuando como vocera de la Fiscalía General de la República (FGR), Sheinbaum dijo que no se investiga por el momento a Andrés Manuel López Beltrán ante los señalamientos de que tiene supuestos vínculos con el contrabando de combustible y el crimen organizado.
«Que yo sepa, no. Tendría que informar la Fiscalía. Pero no tenemos conocimiento de ello», declaró este miércoles en su conferencia matutina.
Se analiza la persistencia de la corrupción en la administración gubernamental actual a pesar del discurso oficial de honestidad.
El diario New York Times cuestionó el legado de la 4T ante acusaciones de corrupción y vínculos con cárteles.
El artículo internacional señaló a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por viajes y estilo de vida de lujo.
Estados Unidos retiró la visa a Andy.
Las investigaciones relacionan al empresario Jorge Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador, con contratos lucrativos gubernamentales.
La fiscal Ernestina Godoy negó que exista una investigación contra Olán o Andy.
En el caso de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza enfrentan acusaciones en Nueva York, pero la FGR no actúa contra ellos.
Sergio Sarmiento, en su columna, expone una realidad alarmante donde la impunidad y el tráfico de influencias se han incrustado profundamente en las altas esferas del poder político en México. A pesar de las promesas de transformación, la simulación institucional y la protección a los allegados del régimen demuestran que la corrupción sigue operando sin castigo, mientras las instancias de procuración de justicia como la FGR sirven como un filtro selectivo que encubre a los aliados y persigue únicamente a los opositores, destruyendo así cualquier esperanza de verdadera rendición de cuentas.
También refleja un escenario de fiscalización ciudadana donde la prensa internacional como el New York Times, medios nacionales como TV Azteca y periodistas independientes continúan exponiendo los excesos y las irregularidades de la clase política. Este escrutinio público constante y la exigencia de transparencia representan un paso fundamental hacia la madurez democrática, evidenciando que ningún discurso oficial puede ocultar indefinidamente las conductas de los servidores públicos y obligando eventualmente a las autoridades a responder ante la sociedad.
La corrupción del gobierno mata, fomenta el despilfarro y debilita los esfuerzos de México para combatirla.
Donde sea que ocurra, la corrupción mata, propicia el mal uso de los recursos públicos y debilita la democracia. La corrupción es muy común en el sector público, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción Internacional de 2016.
De las 176 naciones encuestadas, más de dos tercios obtuvieron una calificación de 43, en donde 100 es ausencia de corrupción y cero representa corrupción extrema. México obtuvo 30 puntos, cerca de Rusia con 29 –lo cual no es precisamente algo de que enorgullecerse. No obstante, en los últimos años México ha emprendido acciones innovadoras para combatir la corrupción.
En el 2015, México introdujo una reforma para dar creación al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual pretende servir como un multiplicador de fuerzas entre las agencias gubernamentales y la sociedad civil para fortalecer la colaboración en los esfuerzos del combate a la corrupción.
El terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, nos dio una lección sobre el impacto de la corrupción que no sólo desvía recursos, sino que también puede cobrar vidas. De los 228 muertos, 108 perecieron en edificios que operaban con diferentes irregularidades, como documentos falsos o violaciones del uso de suelo.
Además de cobrar vidas en casos de desastres, los costos de corrupción equivalen al 9 por ciento del Producto Interno Bruto de México: $93.6 mil millones o 165 pesos al día por cada mexicano. Esto hace que la corrupción debilite la confianza en los sistemas democráticos. Según la encuesta Latinbarometro 2017, el apoyo a la democracia en la región ha bajado al 53 por ciento, con México al 38 por ciento, una disminución de diez puntos porcentuales respecto del año pasado. En las encuestas, la corrupción se encuentra entre los principales problemas que enfrenta la nación.
Con el objetivo de forjar vínculos entre la transparencia, la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en México, el Instituto Republicano Internacional (IRI) apoya a organizaciones de la sociedad civil mexicana a fortalecer su capacidad para enfrentar la corrupción promoviendo leyes más efectivas, apoyando mecanismos de supervisión ciudadana y ayudando a generar confianza en los esfuerzos genuinos para eliminar la corrupción en el gobierno. A través de alianzas multisectoriales en donde la academia, el sector público y privado, y la sociedad civil hace uso de las tecnologías de la información y la participación cívica, el IRI empodera a los ciudadanos para que se conviertan en agentes de cambio y pongan su granito de arena en el combate a la corrupción.
Estas alianzas permiten emprender acciones pioneras en los esfuerzos de combate a la corrupción en México. Por ejemplo, la Coalición Anticorrupción de Nuevo León propuso la formación de un Grupo Técnico de Acompañamiento (GAT) , que coadyuvó en la designación de miembros de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Además, la Coalición Anticorrupción de Coahuila, promueve la participación ciudadana y la transparencia en las discusiones del poder legislativo para fomentar esfuerzos efectivos del combate a la corrupción. Gracias a estos esfuerzos se han abierto espacios en los Congresos Locales para las propuestas ciudadanas que exigen y buscan transparencia en el gobierno.
Además, IRI apoya a que iniciativas innovadoras como Incorruptible sean adoptadas a nivel local. La plataforma Incorruptible permite a los ciudadanos participar en la identificación de incidencias de corrupción. La aplicación sirve como un recopilador y repositorio de datos, que a su vez destaca los esfuerzos para abordar y mapear la corrupción donde más prevalece.
IRI continuará trabajando con alianzas multisectoriales para fortalecer su capacidad de monitorear la implementación de la legislación anticorrupción, abogar por leyes que reduzcan la probabilidad de corrupción, restablecer la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y reavivar su fe en la democracia. La corrupción no es solo un concepto abstracto. Es real, con consecuencias de la vida real. Por ello, ahora más que nunca, debemos estar #UnidosContraLaCorrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad.