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JUAN CHÁVEZ
Estados Unidos endurece su política antidrogas y Trump anuncia ir a China e India para extinguir el envío de precursores de las drogas sintéticas a México.
El lunes empezó a circular la duda del paradero del gobernador de Sinaloa con licencia. Algunos analistas piensan que se encuentra en Palenque, en el rancho La Chingada, arropado por López Obrador, que lo considera “su hermano”.
El viaje de la presidenta a Palenque el 1 de mayo, abrió el abanico a esa sospecha, sobre todo si se considera que la entrada a la finca obradorista, fue tapada con plástico negro para evitar que se viera quién entraba y quién salía.
Al no haber respuesta del gobierno mexicano de entregar a los acusados, ha surgido la versión de que Estados Unidos vendrá por ellos.
Desde el viernes que dio un mensaje público, Rubén Rocha Moya, no ha vuelto a aparecer públicamente.
Como México y su presidenta no le responden deteniendo a Rubén Rocha Moya, Estados Unidos anuncia una lista con políticos mexicanos de Morena, que serán también acusados.
Hay qué preguntar ¿por quiénes vienen?
Ya se apuntó, la semana pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al soltar para los medios su posible renuncia al puesto. Corroboró, con ello, sus supuestos nexos con los narcos criminales.
¿Por quiénes vienen?
Hasta ahora no hay información oficial, pero ya se filtró la lista de los funcionarios que serán los segundos acusados de sus nexos con los cárteles de la droga.
Los estadounidenses han difundido que además de Rocha Moya, se encuentran los gobernadores de Baja California, Sonora y Tamaulipas en la lista de figuras de Morena, presuntamente involucradas con el crimen organizado.
México y Estados Unidos se encuentran en la peor crisis de relación bilateral que se recuerde en tiempos de paz. Y lo más grave es que puede profundizarse por el endurecimiento de la presidenta Sheinbaum, condicionada por el ala dura de Morena al servicio del expresidente López Obrador.
Rocha Moya fue el detonante. Están listas otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, y su difusión dependerá principalmente de si la presidenta comienza a actuar contra políticos vinculados con el crimen organizado, como se lo estuvieron pidiendo en Washington por meses.
Una señal en esa dirección fue la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dos de las 10 personas acusadas por la fiscalía estadounidense de haber llegado al poder con el respaldo de Los Chapitos y servir a sus intereses, junto con la publicación en X del coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, quien, al tomar partido en el viejo debate entre constitucionalistas sobre el fuero, dijo que quien está con licencia y no ejerce su función puede ser detenido.
Estas acciones son mensajes a Washington de un ajuste en las decisiones presidenciales, que son las que cuentan, por encima de los discursos nacionalistas irrelevantes en la política realista, y que tienen como destinataria a la gradería local.
Funcionarios federales revelaron que en la escalada retórica de protección a Rocha Moya (Guardia Nacional de guarda espaldas) y la exigencia de pruebas a Estados Unidos, la presidencia tuvo acceso a información del Departamento de Justicia sobre el esquema de protección y colaboración de políticos con el crimen organizado en México, que, a cambio de trabajar impunemente, inyectaron dinero para elecciones donde Morena ha resultado el partido mayormente beneficiado, y entregaron millones de pesos a políticos para su peculio, a quienes les fueron detectadas operaciones para el lavado de dinero.
Funcionarios estadounidenses dijeron, por su parte, que además de Rocha Moya, en la primera lista de casos que están prácticamente concluidos sobre figuras de Morena presuntamente involucradas con el crimen organizado, se encuentran los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal. Junto con ellos se preparan, en esta primera relación, los expedientes de los dos últimos líderes nacionales de Morena, Mario Delgado y Luisa María Alcalde.
Ávila, Durazo y Villarreal tienen conexiones directas con Delgado y con el expediente en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, que incluye financiamiento a ocho candidaturas a gobernador en 2021 por parte del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones. Las victorias de los tres actuales gobernadores fueron alimentadas con dinero del combustible robado, de acuerdo con las investigaciones.
Delgado, que ha sido un nombre recurrente en las peticiones de las autoridades estadounidenses para que la presidenta actúe penalmente para deslindar responsabilidades, tiene prácticamente cancelada su aspiración a gobernar Colima, tras lo cual la nueva dirigencia de Morena tendrá que realizar una doble verificación de su selección de coordinadores de la cuatroté en los 17 estados con elecciones para gubernaturas –virtuales candidatos a ellas–, para confirmar que no tengan relaciones directas o indirectas con el crimen organizado.