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JUAN CHÁVEZ
Hay derrames de hidrocarburos en el golfo de México desde febrero.
Las playas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas lucen enchapopatadas y el turismo, en esta Semana Santa que comienza el domingo, resentirá cuantiosas pérdidas.
Además, de acuerdo con la Comisión Nacional de Pesca, la actividad ha quedado prohibida por dos años y ni el gobierno federal ni Petróleos Mexicanos se hacen responsables. Evitan, con ello, pagar las indemnizaciones correspondientes por los daños ocasionados por el crudo esparcido en el mar desde la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.
Y no han sido uno ni dos ni tres los derrames de crudo que están afectando toda la costa del Golfo de México. Desde inicios de febrero se han detectado más de una docena de derrames que dañan al menos 39 comunidades costeras de Veracruz y Tabasco y que se han extendido hasta Tamaulipas. El petróleo pronto se esparcirá a costas texanas, con el consecuente y exigente reclamo de Estados Unidos.
Pero ni el gobierno federal ni Pemex se hacen responsables, atribuyendo la tragedia a terceros o simplemente a las condiciones del clima.
Las denuncias las han realizado organizaciones como la Red del Corredor Arrecifal y Greenpeace que reportan unos 630 km de línea de costa contaminada, desde Paraíso, en Tabasco, donde se ubica la refinería de Dos Bocas, hasta Tamiahua en Veracruz, cubriendo prácticamente todo el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo.
El miércoles, la mancha petrolera se hizo sentir en Miramar y la playa de Tampico en Tamaulipas.
Se han documentado manchas de chapopote en playas, redes y zonas de pesca; lo mismo que animales muertos por la contaminación. No se aceptan responsabilidades, pero se creó una comisión interinstitucional para atender la crisis ambiental mientras las autoridades son acusadas de sufrir una “crisis de transparencia” al no informar sobre el origen, el volumen y el plan de atención de los derrames.
Y aunque el gobierno desmintió la existencia de una catástrofe ambiental en el Golfo de México, luego de que circularan imágenes en redes sociales que sugerían un derrame masivo de hidrocarburos, la crisis está ahí. La presidenta Sheinbaum afirmó que la información difundida carece de sustento científico y no corresponde a la situación actual en la zona.
A días del inicio vacacional de semana Santa, la limpieza se ha concentrado en las zonas turísticas, mientras que en las comunidades pesqueras la contaminación permanece en playas, manglares y lagunas. pero lo más grave es que no haya información confiable sobre lo que está sucediendo, sobre el volumen derramado, las trayectorias de las manchas, sus orígenes y sobre los riesgos a corto y largo plazo para arrecifes y pesquerías.
Según las organizaciones no gubernamentales, el derrame afecta 17 arrecifes de coral del Suroeste del Golfo, un ecosistema clave para biodiversidad y pesca. Las comunidades pesqueras han suspendido parcial o total sus actividades por la contaminación con pérdidas económicas relevantes pero que no han sido cuantificadas por las autoridades y que incluso son minimizadas como lo ha hecho la gobernadora Rocío Nahle, que se refiere a los derrames como simples “manchitas”.
La propia presidenta Sheinbaum ha señalado que el crudo que invadió las aguas del Golfo procedió de un barco, pero no se señala qué barco.
Las tragedias ambientales se acumulan. En julio del 2023 se documentó un fuerte derrame de crudo asociada al campo Ek‑Balam, frente a Campeche; Pemex la atribuyó a un “fenómeno natural”, pero estudios independientes y organizaciones estimaron un área contaminada de cientos de kilómetros cuadrados
En 2025 un derrame de más de 300 barriles de petróleo afectó unos 7 kilómetros de costas de Tabasco en una zona con áreas naturales protegidas; al menos mil 500 pescadores vieron paralizadas sus actividades durante semanas. Existe un subregistro de alrededor del 60 por ciento de los derrames en el Golfo en los últimos seis años, comparando reportes oficiales con imágenes satelitales y denuncias comunitarias.
Ahora nuevamente se rehúye la responsabilidad de la empresa cuando estamos ante una tragedia ambiental evidente. Tampoco se reconoció responsabilidad en la explosión que dejó cinco muertos días atrás en Dos Bocas, derivada, una vez más, de una fuga en la refinería, mientras la población de la zona del municipio de Paraíso denuncia los riesgos que está corriendo.
Y es que Pemex sigue atenazada por pérdidas enormes y recurrentes, una deuda muy alta (incluyendo la que mantiene con proveedores), una dependencia masiva de apoyos fiscales y un deterioro operativo que le impide generar flujo suficiente para asumir siquiera sus deudas y costos de operación.
En 2025 Pemex registró pérdidas por más de 377 mil millones de pesos, la deuda financiera era de 84 mil 500 millones de dólares, mientras que la deuda con proveedores ronda los 25 mil millones de dólares.
Entre 2019 y 2024, el gobierno de López Obrador destinó al menos 1.49 billones de pesos en apoyos a Pemex, vía reducción de impuestos, aportaciones de capital y coberturas. La baja producción, combinada con refinerías que siguen siendo poco rentables, han reducido el flujo operativo y vuelve más difícil pagar la deuda y financiar inversiones.
No es de extrañar que ante la crisis también se haya deteriorado el mantenimiento y los derrames constantes son consecuencia de ello. Mientras tanto florecen las fortunas de nuevos ricos que se han hecho millonarios gracias a la crisis de la empresa petrolera más deficitaria del mundo.