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JUAN CHÁVEZ
Dice el afamado economista y escritor que “El peor escenario para el T-MEC era la muerte súbita y no ocurrió. Llegó el día de la activación de la cláusula sunset (artículo 34.7) del acuerdo trilateral y la decisión de Estados Unidos fue la muerte lenta, una que intuba al pacto y lo somete a revisiones anuales que pueden llevar a esta relación en cuatro direcciones: su terminación inmediata, su ratificación por 16 años en sus propios términos, la renegociación o darle sepultura en el año 2036”.
Los efectos del T-MEC y TLCAN van más allá del comercio y alcanzan la democracia en México.
Los países firmantes de los acuerdos comerciales se vieron en la obligación de adoptar las mismas reglas, lo que para México implicó cambios políticos y creación de órganos técnicos.
La apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá implicó cambios más allá de lo económico: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y el TMEC en 2018 tuvieron impactos positivos hasta en la democracia.
El contexto político y económico que vivía México cuando abrió sus fronteras al comercio era uno muy distinto al de hoy, y los cambios fueron impulsados por la exigencia de certidumbre jurídica, reglas claras de competencia, garantías de que fueran decisiones técnicas y no políticas las que regularan los mercados o resolvieran controversias.
En lo político eso significó acotar el presidencialismo e incluso dar un impulso a la transición democrática que vivió el país, de acuerdo con especialistas que señalan que hoy México ya es otro y en parte eso se debe a la apertura comercial.
Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano parta la Competitividad (IMCO), considera que con el TLCAN original, hubo “una de las partes más revolucionarias” en términos de certidumbre, de institucionalidad, de predictibilidad en las reglas y de piso parejo para todos los jugadores, lo que tuvo implicaciones en términos de la vida democrática de México.
“Fue la primera vez que el Estado mexicano se puso una camisa de fuerza para no intervenir, por lo menos en el lado exportador de la economía. Voluntariamente renuncia a su autoridad y se compromete a unas ciertas reglas del juego, a un piso parejo y a no dar ventajas indebidas a un jugador sobre el otro. Eso no tenía precedente”, dice.
Se limita el margen del Estado para la arbitrariedad, para la discrecionalidad y, no es coincidencia que se da paralelamente con el proceso de democratización de México,
Felipe de Jesús Hernández, investigador del Observatorio Legislativo de Estudios Globales, adscrito a la Cámara de Diputados, expone que no debe perderse de vista que el TLCAN y TMEC son acuerdos comerciales, pero los países firmantes vieron la obligación de adoptar las mismas reglas y para México sí implicó cambios políticos y creación de órganos técnicos.
El especialista señala que, para homologarse a los socios, México tuvo que avanzar en ese sentido y con instituciones independientes que ya existían en Estados Unidos y Canadá, aun cuando no era una obligación incluida en acuerdos.
“Era la época del boom neoliberal y muchas medidas responden a esta visión del mundo, la apertura comercial. Para México eso implicó muchos cambios institucionales que le quitaron mucho poder a esta discrecionalidad del presidencialismo mexicano, es decir, para evitar que el presidente de un día para otro cambiara ciertas cosas”.
Lo que explica que cambios en la economía propiciaron apertura democrática, por ejemplo con organismos como los extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que aunque su nacimiento en 2002 no se enmarcó en el TLCAN, expertos lo ubican dentro de la ola de cambios impulsados por la apertura comercial.
El TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos entró en vigor el 1 de enero de 1994 y su vigencia se extendió hasta el 30 de junio de 2020, en que fue sustituido por el T-MEC a partir del 1 de julio de 2020.
En el T-MEC (capítulo 18) se incluyeron obligaciones para contar con un órgano regulador del sector de telecomunicaciones independiente de los proveedores de ese tipo de servicios.
Por eso es que las reforma de “simplificación orgánica”, impulsada por el expresidente López Obrador en 2024 que extinguieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tuvieron que crear una Comisión Reguladora para mantener las funciones.
En otro apartado el T-MEC (capítulo 21) obligó a mantener autoridades independientes para la aplicación de leyes que prohíban prácticas antimonopólicas y anticompetitivas de modo que empresas extranjeras y nacionales sean reguladas de forma imparcial.
Por eso la también extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se transformó en la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) que mantiene esas funciones.
Derivado de la llegada de Morena al gobierno, en 2018, se impulsaron contrarreformas que extinguieron a siete organismos autónomos que representaron un avance democrático: INAI; IFT, Cofece, Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La pregunta que debería ocupar la agenda pública en las próximas semanas no es si el T-MEC sobrevive, sino si México llegará a la ronda de negociación del 20 de julio (y las que vengan) con la capacidad institucional y el respaldo del sector privado, que son indispensables.
Señala Enrique Campos que México y Canadá tienen todas las intenciones de mantener el pacto como está, porque de hecho es un acuerdo joven que ya contempla las adecuaciones de mercado que eran necesario hacerle al veterano Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y cuando la pregunta es si Estados Unidos realmente quiere extinguir esta relación preferente de Norteamérica, la respuesta se puede dividir en dos partes: sí desea terminar con el libre comercio como lo conocemos, pero busca mantener un blindaje regional para hacer frente al verdadero líder mundial del comercio: China.
El gobierno de Donald Trump pone en la balanza sus dos amenazas en este tema: el gigante asiático y los demócratas. Por una parte, tiene que hablarle a su clientela política; pero, al mismo tiempo, la integración con México y Canadá no es opcional para Estados Unidos.
El reciente reporte USMCA Insights de la Brookings Institution, con datos al cierre del 2025, muestra que el andamiaje comercial del T-MEC es el soporte vital de millones de familias estadounidenses. Tan solo en Texas y California, las exportaciones a sus socios del norte y del sur sostienen cerca de 650,000 empleos directos e indirectos; mientras que en el cinturón industrial del Midwest se vinculan 225,000 puestos laborales directamente con la integración regional.
Puede no importarle a Trump la suerte laboral de millones de estadounidenses, pero su reacción electoral, por supuesto, que le importa, y no parece dispuesto a elevar la factura política, que ya es alta para su causa a cuatro meses de las elecciones intermedias. Por eso, lo que más le conviene es esta jugada estratégica de rechazar la renovación automática y mantener la espada de Damocles regulatoria pendiendo sobre México y Canadá.
Lo que busca imponer Washington en esta relación vertical es la agenda de prioridades estadounidenses. En primer lugar, y lo más importante, está la seguridad geopolítica de un bloque regional que le haga frente a China. Y eso se hace desde dentro: endureciendo los controles aduaneros y con unas reglas de origen muy estrictas, e incluso alevosas, que impidan que desde México o Canadá se tenga un efecto trampolín para las manufacturas chinas.