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JUAN CHÁVEZ
Declara la Cámara Nacional de la Ciudad de México que el plantón y los cierres de calles y avenidas que ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), han originado pérdidas por más de 400 millones de pesos.
El martes, miembros de la CNTE penetraron al edificio de la secretaría de Educación y le prendieron fuego.
Es el vandalismo, la expresión de la disidencia magisterial que exige demandas imposibles de ser atendidas y que amenaza con interrumpir la inauguración del torneo Mundial de Futbol 2026, el próximo jueves.
Actos salvajes que superan los extremos ante un gobierno frágil que no se atreve a repelerlo con las fuerzas armadas de las que es comandanta suprema la presidenta Sheinbaum.
Se reprueba el vandalismo de la CNTE y debiera reprobarse también esa debilidad supina de la mujer que tiene a su cargo el monopolio de la fuerza.
Padecemos un gobierno que no impide las manifestaciones, protestas o bloqueos de todos los días.
Es la Ley de la Calle y el riesgo país, que la doctora Sheinbaum permite que impere en la Ciudad de México. Se recarga en la jefa de Gobierno de la CDMX, pero son organismos federales, como la CNTE, los que se manifiestan brutalmente.
Un Estado democrático no puede usar sus facultades como instrumento ideológico para inducir miedo a sus opositores, mientras deja ver su debilidad ante ciertos grupos que buscan extorsionarlo. Lo que vemos es la gracia del Estado ante los grupos de presión que operan al margen de la legalidad, mientras se muestra implacable y punitivo con los sectores productivos y formales (la ley a secas).
El ejemplo más nítido y cotidiano se vive en la Ciudad de México: todos los días, y por todas partes, hay bloqueos y plantones con las más diversas causas y pretextos que, en el nombre de sus particulares intereses, violan el derecho de millones al libre tránsito. Todo ello ocurre con la anuencia de aquellos que ocupan los puestos que deberían ser ejercidos por funcionarios con autoridad.
El caso superlativo de estos días es el de la CNTE, cuyos integrantes, petardos y tubos en mano, saben que el gobierno ha renunciado a su facultad exclusiva de hacer cumplir el orden. La CNTE quiere ocupar la Plaza de la Constitución, la cual ya está legítimamente destinada durante estos días a otras actividades para la ciudadanía, lo que inhabilita legítimamente esa exigencia.
Y así como quieren ocupar a la fuerza un Zócalo que ya está ocupado, la CNTE pretende acaparar espacios presupuestales que ya están destinados a otras actividades prioritarias del país.
Aunque la presidenta se los prometió en campaña, es imposible dar marcha atrás al sistema de pensiones de cuentas individuales para retornar a un régimen de reparto para los trabajadores al servicio del Estado; eso quebraría al país. Tampoco pueden obtener un incremento salarial de 100% sin que sea exigible por parte de otros gremios; con ello, una crisis financiera sería inevitable.
Estos grupos sindicales saben bien que muchas de sus propuestas son inviables, pero también tienen claro que pueden sacar una ventaja económica de la negativa de los gobiernos federal y locales de asumir su responsabilidad como garantes de las libertades de los otros millones de ciudadanos: los no organizados.
Cuando la CNTE ve que el régimen se convierte en la defensa a ultranza de personajes cuestionados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, aun a costa de tensar la relación bilateral estratégica más importante del país, entiende que cuenta con una palanca para obtener lo que quiera.
El verdadero costo de ver a una autoridad claudicar no se mide solo en las pérdidas millonarias de los comercios cerrados o vandalizados, o en el colapso vial crónico de la Ciudad de México; se calcula en la erosión sistemática de la confianza.
La aplicación selectiva de la justicia genera desconfianza: a esta gobernadora sí, a este mandatario no; a este ciudadano todos los recargos y multas posibles, a este manifestante nada de quitarlo del paso de miles de personas.
Estamos en la antesala de dos hechos que ponen a México en lo más alto de las consideraciones globales: la revisión del único acuerdo sin aranceles que tiene Estados Unidos y ser sede del torneo deportivo más importante del mundo. Ese México no puede ser el mismo de la impunidad selectiva, la debilidad institucional, el desorden y la renuncia al Estado de derecho.
El verdadero costo de ver a una autoridad claudicar no se mide solo en las pérdidas millonarias de los comercios, o en el colapso vial crónico de la CDMX; se calcula en la erosión sistemática de la confianza.
Y junto con la desconfianza, aletea en la conciencia de la ciudadanía no organizada, su victimización: pierde tiempo en las incontrolables manifestaciones y no puede pasar factura de sus pérdidas económicas, por esa falta de organización.
Las Cámaras empresariales exigen al gobierno capitalino compensaciones fiscales para los afectados. Pero son camaritas, sin la fuerza necesaria para enfrentar a la autoridad local y a la federal.
En este punto, perdemos todos y no queremos saber más de ese morenismo que se atreve arrastrar al país en la construcción del segundo de la tal deformada y costosa cuarta transformación.