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JOSÉ NEGRETE F.
Este lunes uno de septiembre, a las once de la mañana, en el patio central de Palacio Nacional, se cumple una vez más un ritual en la liturgia de la política mexicana, e igual que hace 201 años, con Guadalupe Victoria, hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su informe anual de gobierno.
Será como un resumen de dos años de mañaneras; ante integrantes de su gabinete e invitados espaciales, se escucharán los mismos mantras: México va requetebién; con los Estados Unidos, la relación es de iguales y confianza mutua; respeto a la soberanía y cooperación con libertad, pero sin subordinación. Nada nuevo.
Por la tarde, otra ceremonia ritualista anual, se efectuará en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la asistencia de Diputadas, Diputados Federales, Senadoras y Senadores de la República; ahí, se instalará la Sesión del Congreso General. Con ello, darán inicio los trabajos del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.
La Agenda Legislativa para este periodo, sin duda estará enfocada principalmente hacía las elecciones intermedias de 2027 y una de las primeras iniciativas de reforma constitucional en ese sentido, que tendrán que atender en la Cámara de Diputados y el Senado, será la que envío Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, el pasado 27 de agosto, contra la doble nacionalidad.
“el objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno, debe ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad, para garantizar que el interés de la nación este por encima de cualquier otro Estado o nación del mundo”
En este tema, lo importante debería ser, no cuantos pasaportes tiene un político, sino qué intereses pesan más cuando tiene que tomar una decisión trascendental.
¿La nación; el partido; la ideología; la religión; la familia; los grupos económicos; la ambición personal; el dinero o la permanencia en el poder
Un pasaporte no informa de ello. Durante años hemos tendido a identificar patriotismo con nacionalidad. Es comprensible, porque la nacionalidad establece jurídicamente la pertenencia de una persona a un Estado. Define derechos, obligaciones y, en determinadas circunstancias, responsabilidades.
Pero la historia demuestra que nacionalidad y patriotismo no son sinónimos.
Hay personas que nacieron en un país y dedicaron su vida a defender intereses particulares. También hay ciudadanos que adquirieron otra nacionalidad y conservaron un profundo sentido de pertenencia hacia su país de origen.
Por eso resulta peligroso construir juicios políticos a partir exclusivamente de los documentos de identidad. Lo que debe importar es qué hace la persona con el poder que se le confía.
nacionalidad es un vínculo jurídico; patriotismo es una convicción; lealtad política es una conducta. Son tres cosas distintas.
En el mundo contemporáneo, las ideologías cruzan fronteras con una facilidad extraordinaria.
Un político mexicano puede sentirse profundamente identificado con un movimiento político extranjero. Puede admirar a determinado gobernante, compartir la visión económica de una corriente internacional o coincidir con organizaciones que operan en distintos países.
Eso, por sí mismo, tampoco representa una deslealtad. Las ideas no necesitan pasaporte. El problema comienza cuando una convicción ideológica se transforma en subordinación política. Una cosa es coincidir con una corriente internacional y otra muy distinta recibir instrucciones, defender intereses ajenos o justificar decisiones contrarias al interés nacional, sobre todo cuando se trata de dictaduras.
También existe una diferencia enorme entre convicción y conveniencia.
En la política mexicana conocemos demasiados ejemplos de personajes que han cambiado de discurso, de aliados y hasta de principios con una velocidad directamente proporcional a sus posibilidades de conservar el poder.
Algo similar sucede con las creencias religiosas.
La religión puede influir profundamente en la manera en que una persona entiende la vida, la familia, la justicia, la educación, la pobreza, la libertad y la responsabilidad social.
Profesar una religión no significa obedecer políticamente a otro país. Un católico mexicano puede compartir valores con millones de católicos de otras naciones sin que ello comprometa su lealtad hacia México.
El problema no está en creer, sino cuando una organización religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza pretendiera sustituir la autoridad de las instituciones democráticas de una nación.
El funcionario no gobierna para su religión, su familia, su partido o su grupo de amigos; gobierna para los ciudadanos.
Sin embargo, hay dos factores de los que se habla mucho menos; dos fuerzas que pueden tener una influencia enorme sobre la conducta de un político y que, suelen quedar escondidas detrás del discurso ideológico:
Un político puede presentarse como conservador, liberal, progresista, nacionalista o revolucionario, pero detrás de esas etiquetas puede existir una motivación mucho más elemental, que es el poder
poder para imponer sus decisiones sobre todos los demás; dar nombramientos a amigos, familiares o aliados; hacer negocios que lo beneficien solo a él; controlar instituciones para seguir gobernando indefinidamente o a través de algún aliado.
Y cuando el poder se convierte en el objetivo principal, la ideología puede terminar convertida en instrumento.
Y después está el dinero. El dinero es quizá el elemento que más cuidadosamente debe analizarse.
Porque cuando la política se convierte en una ruta para el enriquecimiento personal, el problema deja de ser solamente moral; se convierte en un problema institucional.
Existe una combinación particularmente peligrosa: poder para obtener dinero y dinero para conservar el poder.
En el discurso político también se puede hablar de patria, transformación, libertad o justicia. Pero detrás de ello puede existir una estructura mucho más sencilla, pero también muy fuerte: los intereses familiares y si el poder se utiliza para beneficio de ese grupo, entonces la pregunta es: ¿Cómo medir la lealtad?
Tal vez se debería abandonar la idea de que la lealtad se mide por símbolos. No es por la bandera detrás del escritorio, ni por el discurso patriótico, el partido político, las ideologías o la nacionalidad.
La lealtad a la nación debería medirse por las decisiones tomadas cuando existen intereses contrapuestos. Un político puede engañarnos con un discurso, pero resulta mucho más difícil esconder durante mucho tiempo una trayectoria.
México necesita mirar más allá del pasaporte, porque convertir la nacionalidad en una especie de certificado de patriotismo es un grave error; podríamos terminar examinando el pasaporte de un funcionario, mientras dejamos de analizar sus cuentas, contratos, alianzas, decisiones y conflictos de interés.
Y ahí puede estar el verdadero peligro, al buscar la lealtad en el lugar equivocado. Un ciudadano puede tener dos pasaportes y ser un excelente mexicano, mientras otro, puede tener solamente uno y colocar sus intereses personales por encima de los intereses nacionales.
Al final, quizá todo pueda reducirse a una sola pregunta: ¿Qué hace un político cuando debe escoger entre México y él mismo?
Si escoge las instituciones, aunque pierda poder, da una muestra de compromiso; defiende el interés público, sin que le importe perder dinero, es una señal de integridad; mantiene sus principios, aunque lo dejen sus aliados, demuestra convicción.
Pero si cambia sus principios para conservar el cargo, utiliza el cargo para enriquecerse y después utiliza el dinero para mantenerse en el poder, entonces el problema ya no es su nacionalidad. Es su propia concepción del poder.
Y esa diferencia importa. Porque México no necesita políticos que simplemente declaren amar a la patria, necesita instituciones capaces de comprobar que quienes gobiernan ponen el interés público por encima de sus intereses personales.
La nacionalidad puede decirnos dónde pertenece jurídicamente una persona. Pero hay algo que finalmente nos dice quién es: lo que hace cuando nadie puede obligarlo a escoger entre el poder y el bien común.
Ahí, y no en el pasaporte, comienza la verdadera prueba de lealtad a la nación.