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JACOB NAVA GARCÍA
En la penumbra de una sala de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, Sonia mira fijamente a Jorge, su esposo. Con la voz cansada pero firme, le dice que quiere firmar su consentimiento informado. Tras batallar contra un cáncer avanzado, el equipo médico sugiere conectarla a un respirador artificial que no la curará, sino que prolongará mecánicamente su agonía. En la mirada de Sonia se ve decisión y un anhelo por seguir al mando de su vida, eligiendo rechazar esa máquina para pasar sus últimos días de forma natural, en paz y sin dolor artificial.
El consentimiento informado representa un acto de dignidad y control sobre su propia persona en el momento más vulnerable de la existencia. Es el derecho que usted tiene como paciente para aceptar o rechazar cualquier procedimiento médico, tras recibir una explicación clara, oportuna y sin tecnicismos por parte del personal de salud. Es el instrumento legal que lo protege, impidiendo que médicos o familiares tomen decisiones sin su expresa autorización.
Se debe aclarar que firmar el consentimiento informado no equivale a solicitar la eutanasia. La diferencia es abismal entre ambos conceptos, debido a que la eutanasia es un acto médico que implica terminar con la vida del paciente terminal, mientras que el consentimiento informado es el derecho a elegir qué se permitirá en su propio cuerpo.
A diferencia de la eutanasia activa, que no está legalizada en ningún código penal de México, el consentimiento informado es una obligación en todo el territorio nacional. Este pilar se encuentra regulado de forma estricta por la Ley General de Salud a nivel federal. Desde el río Suchiate hasta el río Bravo, ningún rincón de la nación queda excluido de este escudo legal que protege al enfermo terminal frente al doloroso ensañamiento médico.
Esta soberanía corporal se fundamenta con firmeza en el artículo 1º de la Constitución mexicana, el cual prohíbe la discriminación y garantiza el derecho fundamental a la dignidad, en perfecta armonía con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud es la encargada de emitir las pautas éticas globales. Este organismo exige el consentimiento informado como requisito obligatorio en toda investigación con seres humanos y lo promueve como un derecho básico de calidad en los hospitales, lo que garantiza que la autonomía del paciente sea respetada universalmente frente a las decisiones médicas.
Se suele juzgar o mirar con sospecha el deseo de un paciente de detener los que, a su consideración, son procesos inútiles que solo prolongan su agonía de forma artificial. Decidir no conectarse a máquinas cuando ya no hay esperanza de curación no es un delito ni un abandono; es defender su esencia y procurar que la voluntad sobre su cuerpo sea respetada.
Hablemos sin rodeos sobre la realidad jurídica de nuestro país porque los mitos urbanos asustan a las familias en esos momentos de decisión extrema. La ley nacional es clara al prohibir que se acelere la muerte de forma deliberada. Por otra parte, el ordenamiento jurídico también brinda el poder a las personas para rechazar tratamientos médicos que consideren inútiles o desproporcionados. No se trata de terminar la vida, sino de permitir una muerte natural en paz.
La falta de empatía por parte de un sector del personal médico y de enfermería constituye un serio problema que lacera al sistema de salud. Con frecuencia, se olvida abordar estos temas a tiempo y explicarlos con la debida claridad a los pacientes que más lo requieren.
Un enfermo terminal no es un número ni un expediente clínico; sigue siendo un ser humano con plenos derechos para conservar su integridad hasta el último momento.
Si la existencia le pertenece a usted y a nadie más, elegir cómo transitar con integridad el tramo final es el acto de autonomía más puro que podemos ejercer. La ley ya le dio las herramientas necesarias, ahora nos toca a nosotros perder el miedo a usarlas con absoluta libertad y firmeza. Recuerde: los favores se piden, los derechos se exigen… y eso es DE LEY