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JACOB NAVA GARCÍA
Ana permaneció cuatro horas en la sala de espera del Ministerio Público para que le tomaran su entrevista y pudiera quedar asentada su denuncia por robo.
Cuando por fin fue atendida, notó que el funcionario tenía la mirada perdida, los ojos rojos y una taza de café frío en la mano.
Él llevaba más de 20 horas despierto en un turno ininterrumpido de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, atendiendo emergencias y trámites sin pausa.
Esa escena se repite a diario en las agencias del país. Y detrás de cada carpeta que no avanza, hay un agente agotado y una víctima esperando respuesta.
Es momento de señalar con claridad la responsabilidad de las propias fiscalías, las cuales sostienen un modelo institucional basado en la explotación laboral de su personal.
Someter a personas a turnos inhumanos genera fatiga crónica que impacta directamente en la calidad de vida y del servicio, provocando tratos desganados, malos modos e indolencia.
El mal trato al público no nace únicamente de la mala voluntad del funcionario, sino de un sistema operativo que exprime al servidor público hasta desgastar su empatía.
La responsabilidad principal recae en la propia Fiscalía General, cuya cabeza operativa autoriza plantillas recortadas e insuficientes mientras exige resultados irreales a costa de exprimir al personal existente.
Esta política interna de austeridad mal entendida sacrifica la salud del trabajador y condena a la ciudadanía a un servicio deficiente, priorizando la estadística presupuestal sobre la procuración de justicia.
Como ciudadanos y usuarios del sistema, debemos recordar que al acudir a una agencia nos atienden personas de carne y hueso, no máquinas ni procesadores automáticos.
Entender el cansancio del funcionario es un ejercicio de humanidad básica; resulta comprensible que tras veinte horas sin dormir el cuerpo y la mente colapsen.
El artículo 21 constitucional le encarga al Ministerio Público la investigación de los delitos y el ejercicio ineludible de la acción penal.
Por su parte, el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) lo obliga a actuar con estricta legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Por lo tanto, la fatiga acumulada no exonera al servidor público de cumplir con la ley, ni le otorga derecho a vulnerar a quien busca la protección de la ley.
Exigir objetividad jurídica a un funcionario agotado mientras se le impone la meta administrativa de archivar decenas de expedientes al mes resulta insostenible.
Las fiscalías no pueden seguir lavándose las manos culpando a la «burocracia», cuando son ellas las que mantienen esquemas de trabajo obsoletos y devastadores.
Organizar el trabajo con jornadas razonables y descansos dignos no es un privilegio para el funcionario, sino la única garantía de una investigación bien hecha.
La próxima vez que sufra un retraso en la fiscalía, pregúntese si el sistema está diseñado para procurar justicia o para exprimir al personal hasta que el error sea inevitable.
Comprender la fragilidad del funcionario nos hace empáticos; exigirle que cumpla con la ley a pesar del sistema nos hace ciudadanos conscientes.
Los favores se piden, los derechos se exigen y eso es… DE LEY.