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SEÚL, Corea del Sur, 21 de julio 2026 (entresemana.mx). La detención preventiva y el procesamiento del líder de la Iglesia Shincheonji de Jesús, Lee Man-hee, de 95 años, continúan generando preocupación entre especialistas y observadores internacionales en materia de derechos humanos y libertad religiosa, quienes advierten sobre las posibles implicaciones del caso para el debido proceso, la independencia judicial y la protección de las libertades fundamentales en Corea del Sur.
Las inquietudes se intensificaron luego de que el ministro de Justicia de Corea del Sur, Jeong Seongho, publicara el pasado 30 de junio —fecha en que Lee fue acusado formalmente mientras permanecía bajo detención preventiva— que era «inevitable un estricto castigo penal».
Diversos expertos consideran que este tipo de pronunciamientos públicos, emitidos antes del inicio del juicio, podrían interpretarse como una afectación al principio de presunción de inocencia y a la imparcialidad que debe garantizar el Estado en cualquier proceso judicial.
Entre quienes han expresado su preocupación se encuentra el sociólogo italiano Dr. Massimo Introvigne, reconocido investigador internacional especializado en libertad religiosa, quien analizó el caso en dos artículos publicados por Bitter Winter.
El académico sostiene que las declaraciones del ministro podrían constituir un prejuzgamiento del proceso y comprometer la percepción de independencia del sistema judicial frente a una minoría religiosa.
Lee Man-hee fue detenido el 24 de junio bajo acusaciones de presuntas violaciones a la Ley de Partidos Políticos. De acuerdo con la fiscalía, entre 2021 y 2024 habría promovido la afiliación de aproximadamente 50 mil integrantes de la Iglesia Shincheonji al Partido del Poder Popular con el propósito de influir en procesos internos de esa organización política.
La Iglesia rechaza categóricamente dichas acusaciones y sostiene que sus miembros ejercieron libremente sus derechos políticos, sin recibir instrucciones ni coerción por parte de la organización religiosa.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Dr. Introvigne considera que mantener en prisión preventiva a un líder religioso de 95 años por un delito de naturaleza no violenta resulta una medida desproporcionada frente a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, incluidos los principios establecidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
Asimismo, señaló que este caso, sumado a la detención de otra dirigente religiosa de edad avanzada en Corea del Sur, podría evidenciar un patrón preocupante en el trato hacia determinadas minorías religiosas.
El especialista afirma que el eje central del proceso judicial deberá determinar si existió algún tipo de coacción en la afiliación política de los miembros de Shincheonji.
En ese sentido, advierte que criminalizar la participación política de ciudadanos únicamente por su pertenencia a una comunidad religiosa podría representar una vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de religión o de creencias, la libertad de asociación, la participación política y las garantías del debido proceso.
Diversos observadores internacionales coinciden en que este caso será un indicador relevante sobre el compromiso de Corea del Sur con los principios del Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial y el respeto a los derechos humanos.
Para el Dr. Introvigne, el desarrollo del proceso judicial será observado por la comunidad internacional debido a las implicaciones que podría tener para la protección de la libertad religiosa y de las garantías procesales en una democracia consolidada.