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Con la Mirada de ADRIANHA RANGEL FLORES
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¿Se vale ser juez para decidir los límites de la crítica política?
Hay decisiones que, aunque nacen de un expediente jurídico, terminan abriendo un debate mucho más profundo sobre la democracia.
Esta semana, el Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar mediante la cual ordenó retirar diversas publicaciones y estableció un criterio que, en los hechos, recomienda a los partidos políticos abstenerse de utilizar expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcopresidenta” y cualquier otra que vincule de manera directa a un partido o a un servidor público con el crimen organizado. La autoridad considera que, de manera preliminar, dichas expresiones podrían constituir calumnia electoral.
La resolución no prohíbe la crítica política. Tampoco impide cuestionar al gobierno, exigir investigaciones, demandar transparencia o señalar responsabilidades políticas derivadas de hechos públicos. Lo que busca evitar es que se atribuyan delitos como si estuvieran plenamente acreditados cuando aún existen investigaciones o procesos en curso. El propio documento recomienda que las críticas se formulen hablando de “presuntos vínculos”, de investigaciones abiertas o de denuncias públicas, en lugar de presentar culpabilidades como hechos consumados.
Y es precisamente ahí donde surge una pregunta que va más allá del caso concreto.
¿Quién decide cuáles son los límites de la crítica política?
Toda democracia necesita reglas. El derecho al honor y la presunción de inocencia deben protegerse, incluso cuando se trata de quienes ejercen el poder. La calumnia no fortalece el debate público; lo degrada.
Pero también es cierto que la libertad de expresión adquiere un valor especial cuando se trata de fiscalizar a quienes gobiernan. La democracia exige una oposición capaz de cuestionar, señalar inconsistencias y exigir rendición de cuentas sin temor a represalias. Encontrar el equilibrio entre ambas libertades nunca ha sido sencillo.
El reto consiste en que las instituciones no se conviertan en árbitros del discurso político, sino en garantes de los derechos de todos. Porque cuando la ciudadanía percibe que ciertas expresiones se restringen mientras los problemas que les dieron origen permanecen sin resolverse, el debate deja de centrarse en los hechos para concentrarse en las palabras.
Y esa quizá sea la mayor paradoja.
México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, justicia y combate a la impunidad. La exigencia ciudadana no desaparecerá porque cambie el lenguaje con el que se expresa. Las investigaciones seguirán ahí, las preguntas seguirán ahí y la demanda de respuestas seguirá creciendo.
Por eso, más que discutir qué palabra puede o no pronunciar un partido político, deberíamos preguntarnos cómo fortalecer instituciones capaces de investigar con independencia, sancionar cuando existan pruebas y absolver cuando no las haya. La confianza pública no se construye censurando expresiones, sino garantizando que la verdad pueda conocerse mediante procesos transparentes y una justicia eficaz.
Esta resolución del INE llega, además, en un momento en el que ya se habla de una nueva reforma electoral una vez concluido el proceso de 2027. Por ello resulta indispensable que cualquier cambio preserve un principio esencial: las reglas deben proteger tanto la integridad del proceso electoral como la libertad para debatir, cuestionar y exigir cuentas al poder.
Porque, al final, la fortaleza de una democracia no se mide por el silencio de sus opositores, sino por su capacidad para soportar la crítica, responder con instituciones y convencer con resultados.
Existe, además, una inevitable contradicción política. Quienes hoy gobiernan construyeron buena parte de su narrativa desde la oposición utilizando expresiones de enorme dureza. Durante años hablaron de “la mafia del poder” para referirse a quienes entonces ocupaban el gobierno, una frase que marcó una época del debate público mexicano. Ese lenguaje fue considerado parte de la confrontación democrática y del ejercicio de la libertad de expresión.
Por eso resulta legítimo preguntarse si los mismos estándares que protegieron la crítica cuando se era oposición deben aplicarse ahora que se ejerce el poder. La democracia exige congruencia. Quien defendió el derecho a cuestionar con firmeza cuando estaba fuera del gobierno, también debe demostrar apertura para recibir críticas cuando le corresponde gobernar. El poder no puede ser más sensible a la crítica que cuando aspiraba a conquistarlo.
La democracia no se fortalece cuando desaparecen las críticas; se fortalece cuando el poder responde a ellas con argumentos, resultados e instituciones. Las palabras pueden incomodar, pero nunca deberían preocuparnos más que los hechos que les dan origen.