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Huachicol fiscal, una audiencia que abrió nuevas preguntas y el inicio de la carrera hacia 2027: ¿para qué queremos llegar al poder?
ADRIANHA RANGEL FLORES
Hay semanas que parecen concentrar, en unos cuantos días, las contradicciones de todo un país.
Esta ha sido una de ellas.
México llega al cierre de agosto con una investigación que ha puesto nuevamente en el centro de la conversación nacional el huachicol fiscal, las redes de poder y la posible utilización de estructuras institucionales para facilitar negocios ilícitos.
Y lo hace, además, a pocos días de que comience formalmente el proceso electoral de 2026-2027.
El jueves 27 de agosto, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al ex contralmirante Fernando Farías Laguna por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. La jueza también mantuvo la prisión preventiva, por lo que Farías Laguna permanecerá en el penal del Altiplano mientras continúa el proceso.
La decisión llegó después de una audiencia que se prolongó durante varios días y en la que la Fiscalía presentó alrededor de un centenar de datos de prueba. La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para preparar sus argumentos y, después de la resolución, anunció que buscará impugnarla.
Pero la historia de Farías Laguna había comenzado mucho antes.
El exmando naval fue detenido en Argentina el pasado 23 de abril, gracias a una ficha roja de Interpol, y posteriormente fue trasladado a México. Llegó al país el 21 de agosto, después de ser expulsado de Argentina. La Fiscalía lo señala como uno de los presuntos integrantes de una estructura dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles.
Su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, también se encuentra procesado por esta investigación.
Y existe un dato que vuelve todavía más delicado el caso: Fernando Farías Laguna es sobrino político del entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán.
Eso, por sí mismo, no prueba ninguna responsabilidad de terceros.
Pero sí explica por qué la sociedad observa este expediente con particular atención.
Porque cuando aparecen redes familiares, instituciones públicas, empresas, aduanas, puertos y grandes cantidades de dinero dentro de una misma investigación, la pregunta inevitable deja de ser solamente quién cometió el delito.
La pregunta se vuelve mucho más grande:
¿Cómo pudo funcionar una estructura así?
Los nombres que aparecieron en la audiencia
Y entonces llegó uno de los elementos que convirtió esta audiencia en un acontecimiento político.
Durante la diligencia, de acuerdo con lo expuesto posteriormente por la defensa, fueron referidos testimonios en los que aparece el nombre o apodo de “Andy”.
El abogado Epigmenio Mendieta explicó que uno de los testimonios estaba relacionado con un buque que se encontraba detenido en Guaymas, Sonora. Según su relato de lo expuesto en audiencia, ante las dificultades para descargar la embarcación se habría planteado llamar a “Andy” para que interviniera y, a través del entonces secretario de Marina, se pudiera destrabar la operación. La defensa identificó esa referencia con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
También se habló de otro testimonio, relacionado con los muelles 289 y 290, en el que un testigo protegido habría referido que esos espacios pertenecían a un amigo o compadre de un político importante originario de Tabasco.
Aquí hay que detenernos.
Porque una cosa es que un nombre aparezca mencionado en un testimonio y otra muy distinta es que exista una acusación formal o una responsabilidad penal.
La Fiscalía General de la República había señalado previamente que no contaba con elementos con fuerza legal suficiente para iniciar una investigación contra López Beltrán por este asunto.
Por eso, Andy debe aparecer en esta historia como una referencia surgida dentro de los testimonios y como una pregunta que requiere esclarecimiento, no como un hecho probado de participación criminal.
Esa diferencia no es menor.
Es precisamente la diferencia entre informar y condenar.
Y en un Estado de derecho, las dos cosas no pueden confundirse.
Lo que sí está probado es que hay una investigación
Lo que tenemos frente a nosotros es una investigación penal que ya produjo una vinculación a proceso.
La Fiscalía sostiene que existe una estructura dedicada al contrabando, ocultamiento, distribución y dispersión ilegal de combustibles.
La jueza consideró que había elementos suficientes para que el proceso penal continuara.
La defensa sostiene que existen violaciones y cuestiona la solidez de la acusación.
Y el proceso tendrá que seguir su curso.
La vinculación a proceso no es una sentencia.
Pero tampoco es un asunto menor.
Significa que, para la autoridad judicial, existen datos suficientes para que la investigación continúe formalmente bajo el procedimiento penal.
Y mientras los tribunales hacen su trabajo, la sociedad tiene derecho a hacer preguntas.
Porque el problema no es solamente el huachicol
Aquí es donde esta historia deja de ser únicamente una nota judicial.
Porque el huachicol fiscal no es solamente combustible que entra ilegalmente.
Es dinero que deja de entrar al Estado.
Son impuestos que no se pagan.
Son instituciones que pueden ser utilizadas para fines distintos a los que fueron creadas.
Son funcionarios que, si las acusaciones se acreditan, pudieron haber permitido que intereses particulares se colocaran por encima del interés público.
Y, sobre todo, es una expresión de algo mucho más profundo:
la transformación del poder público en una herramienta de beneficio privado.
El poder como destino
Y aquí aparece, para mí, la pregunta central.
¿Por qué algunas personas quieren llegar al poder?
Hay quienes llegan a la política, a las instituciones, a las fuerzas armadas o a la administración pública con una idea clara de servicio.
Llegan con una causa.
Con una visión.
Con la convicción de que un cargo público es temporal y que el poder pertenece, en última instancia, a la sociedad.
Pero existe otra forma de llegar.
Llegar por el poder mismo.
Llegar para obtener privilegios.
Para construir relaciones.
Para acumular.
Para abrir puertas.
Para convertir una posición pública en una plataforma de negocios, influencias o protección.
Y ahí comienza una de las grandes tragedias de la vida pública:
cuando el poder deja de ser un instrumento para transformar la realidad y se convierte en un mecanismo para beneficiarse de ella.
El poder no corrompe a todos; revela a muchos
Durante décadas hemos repetido que “el poder corrompe”.
Pero quizá debemos ir un poco más lejos.
El poder no corrompe a todos; revela a muchos.
Revela quiénes somos cuando desaparecen los límites.
Revela qué hacemos cuando tenemos acceso a recursos públicos.
Revela qué tan fuertes son nuestras convicciones cuando nadie nos está vigilando.
Y revela qué ocurre cuando nuestras ambiciones terminan siendo más grandes que nuestros principios.
Porque el uniforme no garantiza honestidad.
La militancia política no garantiza principios.
Un cargo de elección popular no garantiza vocación de servicio.
Un apellido tampoco.
Un título profesional tampoco.
Lo que verdaderamente importa es la visión ética con la que una persona entiende el poder.
Hay quienes llegan a un cargo y entienden que temporalmente tienen en sus manos algo que pertenece a todos.
Y hay quienes llegan creyendo que finalmente tienen algo que les pertenece a ellos.
Esa diferencia puede cambiar el destino de una institución.
La corrupción empieza mucho antes del dinero
Quizá también debemos cambiar nuestra manera de entender la corrupción.
La corrupción no comienza necesariamente cuando aparece una transferencia bancaria, una empresa fantasma o una operación millonaria.
Muchas veces comienza mucho antes.
Comienza cuando un favor político está por encima de la ley.
Cuando una recomendación sustituye al mérito.
Cuando un familiar obtiene una posición por encima de quien tiene mayor capacidad.
Cuando una relación personal se convierte en una puerta de acceso a recursos públicos.
Cuando un funcionario sabe que algo está mal y decide guardar silencio.
Cuando una institución se utiliza para proteger intereses particulares.
Y, quizá lo más grave, cuando la sociedad comienza a normalizarlo.
Porque la corrupción necesita algo más que corruptos.
Necesita silencios.
Necesita complicidades.
Necesita omisiones.
Necesita personas dispuestas a mirar hacia otro lado.
Y entonces llega 2027
Todo esto ocurre a pocos días de que México entre formalmente en una nueva etapa electoral.
Comenzará nuevamente la carrera por el poder.
Vendrán las candidaturas, las alianzas, las campañas, las encuestas, los discursos y las promesas.
Y entonces tendremos que hacernos una pregunta distinta.
No solamente:
¿Quién puede ganar?
Sino:
¿Quién merece gobernar?
¿Qué trayectoria tiene?
¿Qué principios ha demostrado?
¿Qué entiende por servicio público?
¿Qué hará cuando tenga acceso al presupuesto?
¿Qué hará cuando un amigo le pida un favor?
¿Qué hará cuando un familiar quiera beneficiarse de su posición?
¿Qué hará cuando tenga la oportunidad de enriquecerse y nadie esté mirando?
Porque ganar una elección es apenas el principio.
Gobernar es otra cosa.
Y administrar recursos públicos exige algo todavía más difícil:
tener límites cuando nadie te obliga a tenerlos.
La responsabilidad de los partidos
Por eso, rumbo a 2027, la discusión no puede reducirse a quién tiene más posibilidades electorales.
Los partidos tienen una responsabilidad enorme.
No basta con seleccionar a quien tenga estructura, reconocimiento, relaciones o capacidad para movilizar votos.
Hay que conocer su trayectoria.
Su conducta.
Su patrimonio.
Su congruencia.
Su capacidad.
Pero, sobre todo, su concepción del servicio público.
Porque podemos cambiar de partido y mantener las mismas prácticas.
Podemos cambiar de nombres y conservar las mismas complicidades.
Podemos renovar los cargos y dejar intacta la cultura política.
Y entonces nada habrá cambiado realmente.
México necesita candidatos competitivos.
Pero necesita, sobre todo, servidores públicos confiables.
Mujeres y hombres capaces de entender que administrar dinero público no es administrar dinero propio.
Que una aduana no es un negocio.
Que una secretaría no es patrimonio personal.
Que un apellido no puede ser una credencial de impunidad.
Que una candidatura no es una licencia para enriquecerse.
Y que llegar al poder no significa tener derecho a todo.
El verdadero reto de 2027
Tal vez por eso, frente a los acontecimientos de esta semana, la pregunta más importante no sea solamente qué ocurrió.
También debemos preguntarnos:
¿Qué tipo de país queremos construir a partir de lo que ocurrió?
El caso Farías Laguna tendrá que resolverse en los tribunales.
Las menciones a “Andy” tendrán que ser esclarecidas por las autoridades competentes si existen elementos que así lo ameriten.
Las responsabilidades, si las hay, tendrán que acreditarse con pruebas.
Pero hay una responsabilidad que sí nos corresponde desde ahora a todos: no normalizar el uso del poder para beneficio personal.
Porque las instituciones son tan fuertes como los principios de quienes las integran.
Y porque una democracia no se fortalece únicamente cambiando gobernantes.
Se fortalece cuando quienes llegan a gobernar entienden que el cargo no les pertenece.
Les fue confiado.
El verdadero desafío de 2027 no debería ser solamente elegir quién habrá de gobernarnos.
Debería ser recuperar la idea de que el poder es una responsabilidad y no un premio.
Porque al final, quizá esa sea la lección más incómoda de esta semana: el poder no corrompe a todos; revela a muchos.
Y cuando finalmente revela quiénes somos, ya no basta con preguntar cómo llegamos.
Tenemos que preguntarnos:
¿Qué hicimos con el poder cuando llegamos?