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En memoria del profesor Alberto Israel Jasso Cruz
Con la Mirada de ADRIANHA RANGEL FLORES
Opinión con rumbo, análisis con propósito, compromiso con lo público
Hay un momento en que el miedo deja de ser únicamente al delito o a la injusticia.
Comienza siendo la incertidumbre de denunciar. Después se transforma en la preocupación por las consecuencias. Más tarde aparece el temor a las represalias, al descrédito, al desgaste emocional y a la posibilidad de enfrentarse a un sistema que parece avanzar con una lentitud desesperante.
Pero existe una etapa todavía más dolorosa.
Aquella en la que el miedo deja de estar relacionado únicamente con un proceso judicial y comienza a invadir todos los aspectos de la vida. Cuando uno se pregunta si denunciar traerá consecuencias laborales, sociales, familiares o incluso institucionales. Cuando se teme que levantar la voz pueda significar perder oportunidades, apoyos o relaciones construidas durante años.
En ese momento, el miedo deja de ser una emoción individual para convertirse en un problema colectivo.
Porque una sociedad donde las personas tienen miedo de decir la verdad es una sociedad donde el Estado de derecho comienza a debilitarse.
La justicia no puede depender del poder económico, de los vínculos políticos, de las influencias personales o de la capacidad de resistencia emocional de quien denuncia. Su fortaleza radica precisamente en ofrecer las mismas garantías para todos.
Sin embargo, la percepción social muchas veces apunta en otra dirección.
Cuando los procesos se prolongan durante años, cuando las investigaciones parecen no avanzar al ritmo que la ciudadanía espera o cuando las personas sienten que deben enfrentar una batalla interminable para que sus pruebas sean valoradas, comienza a instalarse una sensación profundamente peligrosa: la idea de que la verdad, por sí sola, quizá no sea suficiente.
Y esa percepción es devastadora.
Porque desalienta a futuras víctimas.
Porque fortalece el silencio.
Porque alimenta la desconfianza hacia las instituciones.
Porque hace pensar que denunciar puede salir demasiado caro.
En ese contexto surge la discusión sobre la Ley Alberto, una iniciativa que ha abierto un debate necesario sobre la importancia de proteger la presunción de inocencia y sancionar las denuncias falsas. Es una conversación indispensable. Nadie debería ver destruida su reputación, su familia o su proyecto de vida por una mentira.
Una acusación falsa puede causar daños irreparables
Proteger a un inocente fortalece la justicia.
Pero el debate no puede detenerse ahí.
La justicia también tiene la obligación de proteger a quienes denuncian de buena fe y cuentan con elementos para sostener sus señalamientos. Porque existe otra realidad de la que poco se habla: mientras un proceso sigue su curso, las víctimas también pueden convertirse en blanco de campañas de desprestigio.
Lo escribo desde una experiencia personal.
Sin entrar en detalles de un procedimiento que continúa su curso, han transcurrido cuatro años desde que fueron presentados diversos elementos probatorios. Apenas ahora comienza a vislumbrarse una luz.
En este tiempo he comprendido que la justicia no solo se espera en los tribunales.
También se resiste fuera de ellos.
Como el profesor Alberto Israel Jasso, cuya historia dio origen a esta iniciativa, he podido conocer, desde una realidad distinta, las dos caras de un mismo problema. Comprendo profundamente la necesidad de proteger la presunción de inocencia, porque nadie merece ser condenado por una mentira. Pero también he vivido cómo, mientras la justicia avanza lentamente, el tiempo puede ser utilizado para intentar destruir la reputación de quien denuncia.
Durante estos años no solo ha existido la espera.
También han existido descalificaciones, versiones tergiversadas, rumores y mentiras que buscaron sembrar dudas sobre mi persona. He aprendido que un juicio no siempre se desarrolla únicamente dentro de un expediente. Muchas veces también se libra en los pasillos, en las conversaciones, en los espacios de trabajo, en la política, en las instituciones y en la opinión pública.
Y ese juicio paralelo puede ser igual de devastador.
Porque mientras los tiempos legales siguen su curso, las palabras viajan más rápido que los expedientes. La reputación puede verse dañada mucho antes de que exista una resolución, y recuperar la confianza de los demás suele tomar mucho más tiempo que perderla.
Fue entonces cuando descubrí otro rostro del miedo.
No solo el miedo de que no llegue la justicia.
También el miedo de que insistir tenga costos.
El miedo de pensar que levantar la voz pueda cerrar puertas.
El miedo de creer que las relaciones institucionales puedan verse afectadas.
El miedo de preguntarse si quienes deberían garantizar imparcialidad podrán actuar completamente libres de presiones.
Ese quizá sea el daño más profundo que produce la impunidad.
No únicamente protege a quien pudo haber cometido una falta.
También termina intimidando a quienes buscan que la verdad sea escuchada.
Cuando una persona piensa dos veces antes de denunciar por temor a las consecuencias que el propio sistema pueda generar, el problema deja de ser individual.
Se convierte en un problema democrático.
Las instituciones existen precisamente para romper ese miedo.
Para garantizar que nadie tenga privilegios frente a la ley.
Para asegurar que la verdad no dependa del apellido, del cargo, de la influencia o de las relaciones personales.
Y para demostrar que la justicia llega por la fuerza de las pruebas, no por el peso del poder.
La discusión sobre la Ley Alberto nos ofrece una oportunidad extraordinaria para ampliar la conversación.
Sí, debemos sancionar las denuncias falsas.
Sí, debemos proteger la presunción de inocencia.
Pero también debemos impedir que quienes denuncian con pruebas pasen años esperando justicia mientras enfrentan el desgaste de campañas de desprestigio, el aislamiento o el temor de perder espacios que han construido con esfuerzo.
Porque una denuncia falsa destruye la vida de un inocente.
Pero una campaña de mentiras contra quien busca justicia también puede destruir la vida de una víctima.
Un verdadero Estado de derecho no puede permitir ninguna de las dos.
La justicia no consiste únicamente en dictar una resolución correcta.
También consiste en llegar a tiempo.
Porque una sentencia justa que tarda demasiado deja heridas que nunca terminan de cerrar.
El tiempo también puede convertirse en una forma de impunidad.
Y mientras ese tiempo transcurre, el miedo sigue creciendo.
Un miedo silencioso.
Un miedo que no aparece en las estadísticas.
Un miedo que convence a muchas personas de que guardar silencio quizá sea más seguro que decir la verdad.
Cuando una sociedad llega a ese punto, todos perdemos.
Porque el silencio nunca ha sido el camino de la justicia.
La verdad necesita instituciones fuertes.
Necesita leyes equilibradas.
Necesita autoridades imparciales.
Pero, sobre todo, necesita ciudadanos que no tengan miedo de ejercer su derecho a denunciar.
Solo entonces podremos decir que vivimos en un país donde la justicia protege por igual al inocente, a la víctima y a la verdad.
“Cuando el miedo deja de ser patrimonio del culpable y comienza a habitar en quien busca justicia, el problema ya no es un expediente. Es una democracia que corre el riesgo de acostumbrarse al silencio.”
La justicia no solo fracasa cuando condena a un inocente. También fracasa cuando obliga a una víctima a esperar tantos años que el miedo termina ocupando el lugar de la esperanza. Porque cuando el miedo se instala en quien dice la verdad, el silencio deja de ser una decisión personal y se convierte en una derrota para toda la sociedad.
“El día que denunciar produzca más miedo que guardar silencio, la impunidad habrá ganado mucho antes de que un juez dicte sentencia.”