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SOFÍA CARVAJAL
El secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista veracruzana y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, no puede leerse como un hecho aislado ni como una tragedia más en la larga estadística de violencia mexicana.
Es, ante todo, una imagen brutal del fracaso institucional: un grupo armado entrando a una casa, rompiendo puertas, sometiendo a una familia y llevándose a una mujer cuya herramienta de trabajo era la información. Roxana fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en su domicilio, en Nanchital, Veracruz; hasta los últimos reportes disponibles, su paradero seguía sin conocerse.
La indignación no nace solo del hecho violento, sino de lo que revela: en México, ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo. La prensa local, la que cubre temas de seguridad, corrupción, abusos municipales y conflictos comunitarios, está más expuesta que las grandes redacciones nacionales. Roxana no era una figura abstracta: era una periodista de región, una mujer trabajando desde un municipio veracruzano, en un estado que organizaciones como Artículo 19 han señalado por su historial de violencia contra comunicadores. La propia organización documenta que en Veracruz, desde el año 2000, se han registrado al menos 31 asesinatos de periodistas con posible vínculo con su labor y al menos seis desapariciones.
Lo más doloroso es que el caso parece condensar varias fallas del Estado al mismo tiempo. La primera es una falla de prevención. Si una periodista puede ser sacada de su casa por hombres armados, frente a su familia, la pregunta inevitable es: ¿dónde estaba la capacidad institucional para detectar riesgos previos?
Reporteros Sin Fronteras reportó que Roxana había solicitado protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas tras denunciar presunto acoso de un funcionario municipal. Si esto se confirma plenamente, el problema no sería solo la violencia criminal, sino una de dos posibilidades: la indiferencia de las autoridades ante la solicitud o la insuficiencia de los mecanismos de protección para anticipar agresiones contra periodistas vulnerables.
La segunda falla es de reacción. Artículo 19 señaló que, aunque la Fiscalía de Veracruz informó el inicio de una carpeta de investigación el mismo día de los hechos, el gobierno estatal no hizo mención pública sino hasta dos días después. En casos de desaparición o secuestro, el tiempo no es burocracia: el tiempo es vida. Cada hora sin coordinación efectiva, sin información clara para la familia y sin una búsqueda exhaustiva agrava la herida.
La tercera falla es de comunicación y confianza pública. La madre de Roxana tuvo que pedir ayuda públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que no se olvidara la búsqueda de su hija. Esa escena es devastadora: una madre suplicando al poder político que haga lo mínimo indispensable, encontrar con vida a una ciudadana. La presidenta dijo que “lo más importante es encontrarla”, pero esa frase, correcta en lo humano, también exhibe la magnitud del vacío: el Estado parece entrar en escena cuando el daño ya ocurrió. Lo más importante es que no hubiese ocurrido.
La cuarta falla es estructural: la impunidad. Cuando los ataques a periodistas no se castigan, el mensaje social es terrible: informar puede costar la vida y agredir a periodistas puede no tener consecuencias. Por eso, el secuestro de Roxana no solo agrede a una persona; intimida a una comunidad entera de reporteros locales. La violencia contra periodistas es una forma de censura. No necesita cerrar periódicos: basta con sembrar miedo.
La FGR atrajo el caso y lo envió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Esa decisión puede ser relevante, pero no basta con atraer expedientes; se necesita encontrarla, esclarecer el móvil, proteger a su familia y demostrar que la línea periodística será investigada con seriedad.
La gobernadora de Veracruz debe actuar a la altura de su investidura, aunque casi siempre queda a deber. Su responsabilidad no es simbólica ni discursiva: es constitucional, política y moral. La desaparición de Roxana Guzmán exige una respuesta inmediata, visible y eficaz del Estado. Cada hora sin resultados profundiza la indignación, erosiona la confianza pública y confirma que la violencia contra periodistas sigue encontrando terreno fértil donde la autoridad llega tarde o no llega.
Veracruz no puede normalizar que una periodista sea arrancada de su hogar por la fuerza, ni Veracruz ni México entero. Mientras tanto…
Mis oraciones para que Roxana aparezca con vida.
*Artículo publicado originalmente en la edición del jueves 25 de junio de El Sol de México